La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se aplica a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Las conductas delictivas cometidas por menores de edad están consideradas no como delito sino como infracciones y no tienen penalidades con consecuencias jurídicas como los adultos, expresó Ȧlvaro González.
El especialista en derecho penal, señaló que por ello bandas de criminales y cárteles de droga utilizan este sector de la sociedad para actividades ilícitas ante la incapacidad del Estado de imponer penas duras a quien las cometa.
Mencionó que el conocimiento de este beneficio invita a menores de edad a cometer delitos ante la falta de valores con la que nos encontramos actualmente, como es el suceso triste ocurrido hace algunos días en Monterrey.
Actualmente, agregó, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se aplica a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Comparó lo que sucede en Estados Unidos, en donde los menores son juzgados como mayores y hay cerca de 3 mil menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional; y otros 2 mil 500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores.
“Lo anterior nos conlleva a dos vertientes, por una parte el rescate de espacios públicos, tales como bibliotecas, centros recreativos y culturales, parques y canchas, que tristemente vemos que son centro de vicio, abandono e incluso de refugio para muchos indigentes. No podemos descartar que hoy los padres de familia ante la crisis económica que estamos atravesando se ven obligados a salir a laborar en jornadas muy largas de trabajo dejando a sus hijos en muchas ocasiones encerrados en sus casas y en otras los niños se hacen autosuficientes, pero a la sombra de una educación de las calles donde encuentran el uso de las drogas, robo y otros delitos como una forma cultural de vida para ser parte de una comunidad o pandilla”, manifestó.
Ȧlvaro González, compartió la opinión de que la educación comienza en el hogar y que es ahí donde los valores son los que forjan a estas nuevas generaciones y que los padres deben estar atentos con quien conviven y las conductas sociales que tengan sus hijos y tomar cartas en el asunto.
Consideró que los menores de edad que cometan un delito deben tener alguna penalidad, ya sea que reciban tratamiento psicológico o hasta pena de prisión y que los padres no se desvinculen de ellos por sus conductas antisociales.
En colonias marginadas, añadió, existen muchos menores de edad que sus padres ya no los admiten en sus casas por el hecho de considerarlos peligrosos y problemáticos; y en familias de clase media alta donde también se cometen delitos, los menores están bajo un falso manto en donde al sentirse protegidos se atreven a cometer actividades ilícitas pensando que el dinero o el influyentismo los sacará.
“Todo recae en la seguridad pública que no es sólo de acciones tácticas, sino de factores de prevención a través de conocer la problemática por medio de las estadísticas; esos datos duros que logran otorgar responsabilidad a cada orden de gobierno.
Esta labor es compartida, por un lado que los padres se hagan responsables no sólo en lo económico sino en lo moral y los valores y que tengan consecuencias jurídicas tanto la omisión de cuidado como la comisión de los delitos de los menores de tal manera que estén conscientes del daño que causan a la sociedad y esto se puede prevenir con nuevas políticas públicas y programas de impacto social. Urge una reforma en este sentido, ante una realidad social que no puede ser objeto de duda, el derecho se ajusta dependiendo a la necesidad y exigencia social”, concluyó.
