FGR logra prisión preventiva contra ex gobernador de Baja California y siete implicados más en presunta red de contrabando de combustible
- Relacionados con una investigación por operaciones irregulares de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra ocho personas señaladas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, relacionados con una investigación por operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia, tras más de un día de audiencia, el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló imputación en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.
Como medida cautelar, el juez determinó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, Altiplano, en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida en sus respectivos domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó este domingo 19 de julio que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será posteriormente cuando se determine si son vinculados o no a proceso.
Según la investigación, las detenciones fueron resultado de un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivado de una indagatoria sobre un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.
Este mecanismo consiste, de acuerdo con la autoridad, en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes de los transportados o declarando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía señaló que estas prácticas generan un impacto económico para el Estado mexicano y pueden representar una fuente de financiamiento para grupos delictivos.
La FGR recordó que las personas imputadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.