- Según el secretario de Hacienda de Baja California, José Andrés Pulido Saavedra, la inversión se destinará a la Desaladora y no impacta en las tarifas de los recibos de agua de Tijuana ni de Ensenada, porque será subsidiado.
- El decreto se aprobó en el seno de la Comisión dictaminadora, por ocho votos a favor, uno en contra (Alejandrina Corral) y cero abstenciones.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California aprobó el proyecto que da origen al Dictamen No. 127, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a gestionar y contratar deuda pública para realizar inversión pública productiva, específicamente para el proyecto de la Desaladora de Rosarito.
La iniciativa cuenta con la opinión jurídica favorable de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), la cual consideró viable la contratación del financiamiento, siempre que se cumplan las condiciones presupuestales establecidas por el Ejecutivo, a fin de garantizar recursos suficientes para el pago del servicio de la deuda y la continuidad de los programas operativos anuales.
De acuerdo con el dictamen, los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a inversiones públicas productivas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica en la entidad y garantizar el derecho humano al acceso al agua en la Zona Costa.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, la diputada Julia Andrea González, señaló que los tratados de agua firmados a mediados del siglo pasado con Estados Unidos enfrentan actualmente riesgos por la sequía del río Colorado, además del alto costo que implica el traslado del recurso a esta región del estado.
En ese sentido, afirmó que es necesario generar alternativas que permitan garantizar el acceso al agua para la población, y destacó que el proyecto de la desaladora forma parte de una estrategia de coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, en la que ambas instancias aportarán recursos.
Por su parte, el secretario de Hacienda del Estado, José Andrés Pulido Saavedra, explicó que la fuente de pago del financiamiento autorizado será el Impuesto Sobre Nómina, también conocido como Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y aseguró que no habrá impacto en los recibos de agua de los usuarios de las comisiones de servicios públicos de Tijuana y Ensenada, ya que el servicio se mantendrá subsidiado.
El diputado Eligio Valencia destacó que la construcción de infraestructura hídrica es una responsabilidad intergeneracional, al señalar que sería irresponsable heredar escenarios de escasez, conflictos por el agua y freno al desarrollo, además de recordar que el acceso al agua es una obligación constitucional del Estado.
El dictamen fue aprobado en la Comisión por ocho votos a favor, uno en contra (Alejandrina Corral) y cero abstenciones. En la misma sesión, también se avaló el Acuerdo No. 1, mediante el cual se dará seguimiento puntual a la aplicación de los recursos una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Finalmente, se informó que en próximos días se realizará una invitación a las y los 25 legisladores para llevar a cabo un recorrido por la zona del proyecto, con la participación de la gobernadora del Estado, a fin de conocer los alcances técnicos, ambientales y financieros de la obra.
En la sesión participaron las diputadas y diputados Julia Andrea González, Eligio Valencia, Michel Sánchez, Jaime Cantón, Alejandra Ang, Juan Manuel Molina, Michelle Tejeda, Adriana Padilla y Alejandrina Corral, así como el diputado Ramón Vázquez, además del Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal.
