Diputado Diego Echevarría propone castigar con cárcel el el ingreso y posesión de celulares a prisiones
- El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para sancionar penalmente el ingreso, posesión y suministro de celulares y dispositivos tecnológicos en centros penitenciarios, al señalar que facilitan delitos como extorsión y coordinación criminal.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en los centros de reinserción social de Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para crear un nuevo tipo penal que sancione el ingreso, posesión y suministro ilegal de equipos de comunicación y tecnología en los penales del estado.
En la exposición de motivos, el legislador del PAN advirtió sobre el uso creciente de dispositivos tecnológicos desde el interior de las cárceles para vulnerar la seguridad pública. Señaló que resulta inaceptable que los centros penitenciarios se conviertan en espacios desde donde se ordenan y ejecutan delitos, incluso de alto impacto.
Indicó que recientemente se han documentado casos donde personas privadas de la libertad realizan transmisiones en vivo, publican videos en redes sociales y exhiben presuntos privilegios desde el interior de los penales, evidenciando fallas en el control institucional.
Echevarría Ibarra subrayó que un teléfono celular dentro de un penal no es un objeto ordinario, sino una herramienta que facilita delitos como la extorsión telefónica, la coordinación de células delictivas y el control de grupos criminales hacia el exterior.
Actualmente, explicó, la prohibición del ingreso de celulares se regula únicamente mediante sanciones administrativas, lo que ha permitido prácticas de corrupción que favorecen el flujo de tecnología a las cárceles.
La iniciativa propone imponer penas de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días multa a quien introduzca, posea o suministre celulares, radios, dispositivos de transmisión de datos, chips, cargadores o accesorios indispensables para su funcionamiento.
Asimismo, se plantea agravar la pena hasta en una mitad más cuando los hechos sean cometidos por servidores públicos o custodios penitenciarios, además de aplicar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También se incrementaría la sanción cuando la finalidad sea facilitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.
“La ausencia de sanciones penales ha alimentado un mercado negro que corrompe a custodios y fortalece a los internos, perpetuando la imagen de las cárceles como verdaderas escuelas del crimen”, sostuvo el diputado.
