Ayer jueves, fue presentada una denuncia, ante el DIF Nacional, sumamente grave, contra el DIF DE Baja California, que encabeza la señora Brenda Ruacho de Vega.
La denuncia fue presentada por la activista Irma Garrido, en la Ciudad de México, en las oficinas de la señora Angélica Rivera de Peña, Presidenta Nacional del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, reclamando se abra una investigación sobre 20 casos de niños que el DIF Baja California ha dado en adopción irregularmente.
Esto puede parecer una exageración, pero cabe observar que en octubre pasado, se puso al descubierto, en Sonora, que funcionarios del DIF, encabezado por la señora Iveth Dagnino de Padrés, esposa del Gobernador Guillermo Padrés, hacían negocios con la adopción irregular de adopciones.
Dos de los principales funcionarios del DIF sonorense se dieron a la fuga, pero cuando menos 16 personas, relacionadas con tales hechos, fueron consignadas y se le abrió proceso penal.
La denuncia ante el DIF nacional, presentada por Garrido, fue en representación de la activista Claudia Martínez Villa, quien el día de la inauguración del CRIT Baja California, realizó una protesta en la zona, ante todos los asistentes al evento.
Irma explicó que Martínez Villa, fue víctima de las irregularidades del DIF, denunciadas.
Resulta que Claudia tenía dos años gestionando la adopción de una menor. Ya había sido declarada apta para adoptar y respecto de la menor, había logrado la custodia provisional, durante aproximadamente 2 años.
Sin embargo, apenas iniciada la gestión del Gobernador Francisco Vega de la Madrid, súbitamente la niña desapareció del DIF y al cuestionarles su paradero, simplemente le indicaron que ya la habían dado en adopción a otra familia.
A partir de entonces, Claudia Martínez Villa, encabeza la Asociación Pro Defensa de Niños y Víctimas del DIF y en vano ha estado reclamando la menor que estaba en proceso de adoptar. Ante los nulos resultados, es que ahora acude al DIF Nacional.
Durante el proceso de búsqueda de la menor que intentaba adoptar, Claudia detectó 20 casos similares, los cuales fueron debidamente documentados y en vías de ser denunciados legalmente.
Así mismo, la denuncia fue hecha personalmente a la Lic. Nelly Montealegre Díaz, Procuradora General del Sistema Nacional de Defensa Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, creado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Irma Garrido aclaró que no acusaba por tales irregularidades, directamente a la señora Brenda Ruacho de Vega o al Gobernador Kiko Vega, pero sí reclaman que se proceda en contra de quien resulte responsables, por la negligencia, abandono, abuso y corrupción, trata, explotación sexual o cualquier tipo de trata y tráfico de niños.
Dijo que las autoridades de todos los ámbitos y niveles, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar estos casos, en los que se han visto afectados, niños, niñas y adolescentes.
Manifestó que consideran sumamente grave, que las autoridades del DIF estén dando en adopción a los niños bajo su custodia, en forma irregular e incluso ilegal. Que temen que estén siendo vendidos, con fines sexuales o tráfico de órganos.
Que por eso, decidieron acudir a la Presidenta del DIF nacional, Angélica Rivera de Peña, para que se abra una investigación seria y detallada sobre tales irregularidades.
Este asunto es más serio de lo que parece y si la señora Ruacho es ajena a esto, pues debe ser la más interesada de que esto se aclare. Total, dicen que “el que nada debe, nada teme”.
Lo cierto es que cuando se presentan este tipo de denuncias, tan graves, se pretende descalificarlas mediáticamente, pese a que se advierte que “no es posible tapar el sol con un dedo”.
Este tipo de cosas se supo que ocurrieron en Sonora, durante el gobierno del panista Guillermo Padrés, pero se procedió hasta que inició la gestión de la priísta Claudia Pavlovich. De lo contrario, hubieran seguido bajo la protección del entonces gobernador.
Baja California no es una isla, forma parte de una República y sus gobernantes deben actuar apegados a derecho. Si alguien piensa que pueden operar al margen de la ley, y sobre todo participar libremente en el tráfico de niños, está muy equivocado.
Mientras tanto, la denuncia ya está en manos de la Primera Dama del país y de instituciones creadas precisamente para cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Ojalá que pronto se tengan resultados y se proceda contra quien corresponda.
Lo ideal sería que todo se aclarara. Sobre todo, que se precise lo que realmente ocurrió con los 20 casos documentados de menores. Esto, además de lo relativo a los cuerpos de dos menores desaparecidos y que pretenden considera como simple descuido o negligencia, cuando se sabe que los menores, son sumamente codiciados, para muchas actividades ilícitas y deleznables.
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