Congreso de BC aprueba deuda pública para desaladora sin aumentar tarifa de agua en Tijuana, Ensenada y Rosarito
- De acuerdo con legisladores, el financiamiento de la planta desalinizadora en Rosarito no impactará en las tarifas de los servicios públicos de la Zona Costa y será supervisado por las comisiones legislativas de Hacienda y Fiscalización.
- El plazo máximo autorizado para el pago de la deuda será de hasta 30 años.
El Congreso de Baja California aprobó el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo estatal a gestionar y contratar deuda pública destinada a inversión pública productiva, como la construcción de la Desaladora de Rosarito, con el objetivo de garantizar el abasto de agua en la zona costa.
La iniciativa fue avalada con 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, incorporando una adenda presentada por la diputada Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Comisión dictaminadora, para fortalecer el contenido de diversos artículos del decreto.
Asimismo, se aprobó una reserva al artículo quinto, propuesta por el diputado Juan Manuel Molina García, en la que se establece que el servicio de la deuda no tendrá impacto en las tarifas de las Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.
El legislador explicó que el financiamiento se cubrirá con un porcentaje de los ingresos derivados del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto sobre Nómina), con el fin de no afectar la economía de las familias bajacalifornianas, reiterando el compromiso del grupo parlamentario de Morena de mantener estables las tarifas de los servicios básicos.
De acuerdo con el decreto, el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá contratar uno o varios financiamientos con instituciones del sistema financiero mexicano, siempre bajo las mejores condiciones de mercado y dentro de los ejercicios fiscales 2026 y 2027.
El plazo máximo autorizado para el pago de la deuda será de hasta 30 años, con la posibilidad de establecer un periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos o desde la celebración de los contratos correspondientes.
Finalmente, el Congreso de BC también aprobó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda rinda informes semestrales sobre la aplicación de los recursos, mientras que las comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto serán las encargadas de dar seguimiento permanente al uso del financiamiento, hasta la liquidación total de las obligaciones adquiridas.
