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El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) propuso adicionar un artículo 222 Ter y modificar el artículo 223 del Código Penal del Estado, a fin de sancionar con 4 a 9 años de prisión y hasta 800 días multa, a la persona que habiendo sido electa para un cargo de elección popular mediante un proceso electoral estatal, no haya cumplido durante el período de su mandato con alguno de los compromisos de campaña que haya registrado como candidato ante el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Además, como reparación del daño, su iniciativa plantea que el sentenciado deberá publicar la sentencia y una disculpa pública con difusión en la demarcación estatal, municipal o distrital que corresponda, según el cargo de elección popular de que se trate.

El legislador priista explicó que cada 3 o 6 años los candidatos a los diferentes cargos de elección popular realizan un sinnúmero de compromisos como parte de sus campañas; sin embargo, muchos de ellos no son posibles o no son congruentes con la función pública para la cual se contiende electoralmente.

Mencionó que, lo anterior, refleja la falta de conocimiento y preparación del candidato para desempeñar el cargo público de que se trata o bien, la sola intención de engañar al electorado. “Esta práctica ha desprestigiado la verdadera vocación política, y se vuelve más ofensiva para la sociedad cuando el candidato electo deja de cumplir sus compromisos de campaña, aunque éstos sean viables o más aún, cuando de nueva cuenta, pretende engañosamente deslindarse de dichos compromisos, justificar su incumplimiento o simplemente cambiar de postura”, subrayó.

Corona Bolaños Cacho agregó que esa conducta embaucadora, lamentablemente recurrente, se realiza con más frecuencia durante los procesos electorales, con el único propósito de lograr una mayor simpatía por parte del electorado para obtener una mejor votación. Ante ello, puntualizó la necesidad de implementar medidas que moderen y concienticen la forma de hacer política, las cuales ayuden a elevar el nivel de debate y de propuesta y que, por ende, mejoren la realidad y las condiciones sociales de Baja California. “La vida democrática de nuestro

Estado como de nuestro país, se debe fundamentar en la honestidad, rectitud, conocimiento y seriedad. No se debe permitir que continúen prácticas artificiosas que propicien la polarización social, menos aún su confrontación.

Engañar la voluntad popular, lastima y ofende a la sociedad, y descredita verdadera vocación política”, sentenció. Por otro lado, dio a conocer que su iniciativa dispone que será el Instituto Estatal Electoral el encargado de presentar la denuncia penal, ya que de conformidad con el artículo 146, fracción VI, de la Ley Electoral del Estado, es necesario registrar ante esa dependencia los compromisos de campaña como parte de la solicitud de candidaturas. Abundó que dicho marco normativo actualmente deposita en el IEE la función de representar a la sociedad bajacaliforniana, en lo relacionado con la verificación del cumplimiento de los compromisos de campaña de los distintos candidatos electos para los diversos cargos de elección popular.

“Lo anterior, garantiza en mejor medida una evaluación seria, informada, responsable y objetiva sobre el cumplimiento o no de los distintos compromisos de campaña; pero también, evitaría que la presente propuesta normativa sea utilizada como un instrumento de presión o revancha política”, concluyó el diputado Marco Antonio Corona.