Diputada Evelyn Sánchez reafirma compromiso con la justicia y los derechos de los pueblos indígenas
- “La igualdad sustantiva para los pueblos indígenas no es un acto de inclusión, sino un imperativo de justicia”
En el marco del Día Internacional de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, manifestó su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y señaló que apostar por su reconocimiento pleno es contribuir a un futuro más justo, equitativo y verdaderamente democrático.
Expresó que el Congreso del Estado ha demostrado su compromiso con los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, a través de reformas que fortalecen sus derechos políticos electorales, con la incorporación del principio de igualdad sustantiva a la legislación local, lo que garantiza la representación política de este sector históricamente vulnerable, permitiéndoles participar en las decisiones que impactan a todo el estado.
Actualmente, se están desarrollando reformas para reconocer, garantizar y proteger los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas nativos y asentados en Baja California, especialmente su derecho a la libre determinación y al autogobierno, en línea con los avances del derecho nacional e internacional.
A pesar de los progresos legales y constitucionales, persisten barreras estructurales que limitan el acceso de estas comunidades a servicios públicos esenciales como educación, salud, justicia y oportunidades económicas. En Baja California, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró que el 8.5% de la población se autoidentifica como indígena y 45,350 personas hablan alguna lengua indígena.
Históricamente los pueblos indígenas han sido excluidos de las decisiones que afectan sus vidas, territorios y su futuro, siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a servicios públicos, educación, salud, justicia y oportunidades económicas, a pesar de los avances legales y constitucionales.
La búsqueda de la igualdad sustantiva para los pueblos indígenas no es un acto de inclusión, sino un imperativo de justicia, lo que implica asegurar su participación efectiva en todos los ámbitos gubernamentales, la protección de sus derechos territoriales, la preservación de sus lenguas, tradiciones y la garantía de que sus voces sean escuchadas y respetadas.
