Beto Valle propone favorecer el derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes con ambos progenitores
- La iniciativa busca garantizar la convivencia familiar cuando no exista riesgo para la integridad de las infancias y sustituir criterios ambiguos en el Código Civil.
El diputado Beto Valle Ballesteros presentó un posicionamiento para respaldar su iniciativa de reforma al Código Civil de Baja California, con el objetivo de fortalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener vínculos afectivos con ambos progenitores y su familia extensa.
El legislador señaló que la propuesta busca construir un marco jurídico que otorgue mayor certeza y coloque el bienestar de las infancias por encima de los conflictos entre personas adultas, privilegiando siempre el interés superior de la niñez.
Beto Valle explicó que la iniciativa pretende evitar que la convivencia familiar sea suspendida de manera automática o mediante decisiones unilaterales que no respondan al bienestar de las y los menores.
El diputado destacó que legislar con perspectiva de infancia implica escuchar y proteger a quienes muchas veces no pueden defender sus propios derechos, garantizando que las decisiones judiciales prioricen su desarrollo integral y estabilidad emocional.
La propuesta establece que una sentencia puede limitar o retirar derechos a alguno de los progenitores, pero no debe privar injustificadamente a niñas, niños y adolescentes del afecto, la identidad y los vínculos familiares que contribuyen a su desarrollo.
Asimismo, precisó que la iniciativa no busca privilegiar los derechos de madres o padres sobre los de las infancias, sino reconocer expresamente que el derecho de convivencia pertenece principalmente a las y los menores.
Actualmente, el Código Civil establece que quien ejerce la guarda, custodia o patria potestad debe procurar el acercamiento con el otro progenitor; sin embargo, el legislador consideró que dicho término resulta ambiguo e insuficiente para garantizar este derecho.
Por ello, la reforma propone sustituir ese criterio por una obligación jurídica clara para respetar, favorecer, garantizar y facilitar la convivencia familiar, siempre que no exista una resolución judicial que la limite o condiciones que representen un riesgo para la integridad física, psicológica o emocional de las y los menores.
El legislador subrayó que la iniciativa no obliga a mantener convivencias en casos donde exista violencia, abuso o cualquier situación que ponga en peligro a niñas, niños y adolescentes, ya que en esos escenarios continuará siendo la autoridad judicial la encargada de determinar las restricciones necesarias.
