Presenta Diputada Montse Murillo reforma para que se tipifique el delito de fraude a cajas de ahorro
- “No es posible que el dinero de cientos de personas que tienen toda una vida de trabajo y esfuerzo, se pierda tan fácilmente”: Legisladora
- Busca beneficiar a trabajadores del estado y propone que este delito sea castigado con una pena de 6 a 12 años de prisión, y multa de 600 a 1200 umas
Con el objetivo de proteger el patrimonio de cientos de trabajadores, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California, con la finalidad de tipificar el delito de fraude a cajas de ahorro.
En su exposición de motivos, la legisladora citó casos como el de la Caja de Ahorro Magisterial A.C. (CAMAC), en perjuicio de maestros y trabajadores de la educación —en su mayoría jubilados— que entregaron a dicha caja el finiquito de sus años de servicio. Desde 2014, CAMAC dejó de entregar los rendimientos anuales y el capital a los aportantes, lo que derivó en múltiples exigencias de devolución.
Murillo López subrayó que su propuesta busca castigar a quienes incurren en este tipo de actos, ya que “no es posible que el dinero de personas que trabajaron toda su vida se pierda tan fácilmente”.
A través de esta iniciativa, se pretende que los responsables enfrenten consecuencias legales y respondan con sus bienes por los recursos sustraídos sin consentimiento. “Queremos que la ley los proteja y que con esto disminuyan los casos de despojo, robo y fraude a cajas de ahorro, no solo en Baja California, sino en otras entidades del país”, expresó.
La propuesta contempla adicionar el artículo 222 Ter al Código Penal del Estado, el cual establecería lo siguiente:
“Comete el delito de fraude a caja de ahorro quien administre una caja de ahorro y no cumpla en el tiempo específico con los pagos del capital total y los intereses pactados a los integrantes de esta; de igual manera, quien se apropie del dinero de las aportaciones de los integrantes sin el consentimiento de ellos.”
El delito será sancionado con penas de 6 a 12 años de prisión, así como multas de 600 a 1,200 unidades de medida y actualización (UMAS).