Los políticos, que ya tuvieron oportunidad de ser candidatos en algún otro proceso electoral, y fueron derrotados, o bien, que ya habiendo ocupado cargos de elección popular, hicieron un pésimo papel en la administración pública, resulta absurdo que sean postulados nuevamente. Se dice que son “cartuchos quemados”.
Cuando participan por primera vez, generan expectativas respecto al papel que han de desempeñar o se les concede el beneficio de la duda.
Pero cuando ya estuvieron en la función pública e hicieron mal las cosas, ni para qué desperdiciar oportunidades.
Sin embargo, hay políticos que no duermen, por los abusos y excesos en que incurrieron en el pasado, que dieron lugar a que los denunciaran penalmente y que tienen temor fundado de que en cualquier momento los atrapen y los envíen a prisión.
Es tipo de políticos, al fin y al cabo conocedores del sistema, que han sido protegidos o solapados, para eludir la acción de la justicia, están urgidos de ser postulados nuevamente, no tanto para seguir robando o abusando del poder, sino más bien para tener fuero.
Cuando el PRI está a punto de postular candidatos a puestos de elección popular, corren insistentes rumores de que podría incluir entre ellos a verdaderos “cartuchos quemados”.
Tal es el caso de Javier Urbalejo Cinco, exalcalde de Tecate y Javier Robles Aguirre, exalcalde de Playas de Rosarito. Probablemente ellos mismos han cubierto gratificaciones para que se abone al respecto.
El PRI ya convocó a 16 aspirantes a alcaldes de los cinco ayuntamientos de Baja California, para la firmas y entrega de la carta compromiso, de que no se rebelarán, para el caso de no ser los elegidos.
Afortunadamente, para los priístas, ni Urbalejo, ni Robles Aguirre, estaban incluídos entre los covocados. Falta ahora que esta semana, cuando convoquen a los aspirantes a candidaturas para diputados locales. Sería una lástima, que los incluyeran.
La corrupción en México, va de la mano de la impunidad. El no castigo, alienta a los corruptos y a los delincuentes en general, a seguir robando. Principalmente en el caso de los políticos.
Un estudio sibre la impunidad en México, de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), dado a conocer en días pasados, indica que el no castigo en nuestro país es general y casi al 100 100%.
Observa, que si se toman en cuenta los delitos consumados, considerando los no denunciados, el estudio de la UDLAP concluye que existe una “impunidad simple y llana”, es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos.
Explica que aún cuando sólo se tomaran en cuenta los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad —que da seguimiento desde que se inicia una averiguación previa hasta la sentencia— muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia.
Una gráfica sobre el tema, ubica a Baja California en el cuarto lugar, de las entidades con más alto nivel de impunidad en el país. Lo que es preocupante, dado la violencia e inseguridad pública prevaleciente en esta entidad.
El estudio considera a Baja California como una de las entidades con alta impunidad, junto con Quintana Roo, México, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur.
La lista de entidades con alta impunidadad, la integran Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato.
Es considerada con impunidad atípica Michoacán, y con media Chiapas, Chihuahua, Sonora, Distrito Federal y San Luis Potosi. Las dos únicas con baja impunidad son Nayarit y Campeche.
Así mismo, se hace hincapié en que la diferencia en el grado de impunidad, entre una entidad y otra, es mínima, lo que indica que es general la impunidad en el país.
Esto da una idea y explica el alto grado de corrupción prevaleciente en el país.
Considerando la impunidad, de delitos a sentencias, se registraron 1 millón 710 mil 636 delitos en las Procuradurías fiscalías generales de justicia, de las que solamente se integraron 1 millón 254 mil 854 averiguaciones previas, resultando involucrados 850 mil, 185 inculpados, pero finalmente solo fueron sentenciados 75 mil 593.
Pero eso es en cuanto a los delicuentes comúnes. Por lo que
respecta a los políticos, involucrados en hechos presuntamente delictuosos, podría decirse que el grado de impunidad es total.
Que se sepa, en Baja California, en estos momentos, no hay un solo político tras las rejas, pese a que han sido denunciados.
Y los bajacalifornianos corren el riesgo de tenerlos nuevamente en algún cargo público.
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