Aborda diputado Beto Valle problemática por falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad
- “Sin que funcionen plenamente, no hay inclusión real”, señala en tribuna.
El diputado Beto Valle presentó un posicionamiento en la Máxima Tribuna para visibilizar la problemática generada por la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), situación que afecta directamente a personas con discapacidad y sus familias en Baja California.
“Hoy quiero hablar de una realidad que viven todos los días estudiantes con discapacidad y sus familias en Baja California, como es la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad”, expresó el legislador.
Los CAED son instituciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ofrecen bachillerato no escolarizado a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o intelectual. El diputado advirtió que lo que ocurre no es un problema menor ni aislado, sino una falla estructural que impide que estos centros cumplan plenamente con su función, aun cuando existen personas capacitadas que podrían impartir clases.
Con base en datos del Censo 2020 y de la ENADID 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California más de 18 mil niñas y niños menores de 14 años viven con alguna discapacidad, y aproximadamente 17 mil 700 jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran en edad de cursar educación media superior o superior.
En total, más de 35 mil niñas, niños y jóvenes cuya trayectoria educativa depende de políticas públicas con enfoque de inclusión.
Para muchas personas con discapacidad, el CAED no es una opción adicional, sino la única oportunidad real de cursar la preparatoria. Sin suficientes docentes, explicó, el avance académico se vuelve más lento, el personal se sobrecarga y el derecho a la educación se debilita.
Desde tribuna, Beto Valle hizo un llamado directo a facilitar soluciones: permitir que maestros de base colaboren en los CAED sin perder derechos laborales, evitar que se les reduzcan horas o ingresos y reconocer que estos centros requieren reglas especiales por su naturaleza.
“No se trata de privilegios, se trata de sentido común y de justicia educativa. Sin docentes, no hay educación; sin reglas justas, no hay docentes. Y sin que funcionen estos centros plenamente, no hay inclusión real”, concluyó.
