Piden esclarecer donación de predios escolares ante incertidumbre en San Quintín
- El Congreso exhorta a autoridades estatales y municipales a transparentar la situación jurídica de los terrenos de la Secundaria General No. 212 para brindar certeza a la comunidad estudiantil.
El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Educación de Baja California y al Ayuntamiento de San Quintín a informar de manera clara y documentada sobre la donación y posible reversión de los predios vinculados a la Secundaria General No. 212, con el fin de brindar certeza a estudiantes, docentes y familias.
De acuerdo con la proposición presentada por las diputaciones Dunnia Montserrat Murillo López y Juan Manuel Molina García, la problemática se origina en actos administrativos realizados durante administraciones municipales pasadas, cuando San Quintín aún formaba parte del municipio de Ensenada, que habrían modificado el destino original del terreno donado para uso educativo.
La diputada Montserrat Murillo señaló que la educación no puede estar sujeta a dudas o disputas administrativas, por lo que es indispensable que las autoridades responsables proporcionen información oficial y verificable sobre la situación jurídica del predio, a fin de garantizar su uso en beneficio de la comunidad escolar.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina advirtió que la indefinición ha generado alarma social y movilizaciones de padres de familia, docentes y vecinos, quienes demandan certeza sobre la permanencia de la escuela y la continuidad del servicio educativo.
El exhorto aprobado solicita a la Secretaría de Educación de Baja California, encabezada por Irma Martínez Manríquez, así como a la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, transparentar los antecedentes legales del predio y, en su caso, informar sobre posibles procesos de reversión o regularización.
Las y los integrantes de la XXV Legislatura coincidieron en que el acceso a la educación debe estar protegido frente a conflictos administrativos, por lo que subrayaron la necesidad de una solución que garantice seguridad jurídica, rendición de cuentas y confianza para la comunidad estudiantil del municipio.