El consejo municipal de la ciudad de San Diego, durante la mañana del martes, votó de manera unánime para sumarse a la demanda estatal presentada contra la Comisión Internacional de Límites y Agua de los Estados Unidos (USIBWC) por la indiscriminada contaminación en el valle del río Tijuana, el estuario del río Tijuana y el océano Pacífico.
La medida fue impulsada por el actual alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, y la concejal de la ciudad, Vivian Moreno. “El entorno natural de San Diego es lo que hace que nuestra región sea tan especial y vamos a seguir luchando para preservarla”, afirmó Faulconer.
“Hemos hecho de esto una prioridad en las reuniones con agencias federales tanto en los Estados Unidos como en México, y ahora debemos obligar de la mano del gobierno a garantizar que tome medidas”, agregó.
La demanda a la cual se sumó la vecina ciudad californiana contra la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos (USIBWC por sus siglas en inglés) se presentó en septiembre de 2018 en nombre de la población del estado de California a través de la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California, la Región de San Diego y el Fiscal General de California, Xavier Becerra. En diciembre del mimo año, intervino la Comisión de Tierras del Estado, la cual se sumó a la demanda.
San Diego es la tercera ciudad que se suma a una demanda presentada contra esa comisión debido a las constantes descargas de aguas residuales que llegan desde territorio mexicano a través de colectores y la costa hasta el vecino estado de California.
El 17 de julio de 2018, la asociación Surfrider de San Diego presentó una primera demanda contra el gobierno federal por violaciones a la Ley de Agua Limpia registradas durante décadas en el sur del condado de San Diego y ante la descarga masiva que se registró en febrero del año 2017, en la que miles de galones de aguas residuales provenientes de Tijuana llegaron hasta las ciudades del condado de San Diego. A esta primera demanda, se sumaron las ciudades de Imperial Beach y Chula Vista.
La intención es frenar las continuas descargas que llegan desde territorio mexicano al sur del condado de San Diego; asimismo, los desechos y plásticos que viajan a través del río Tijuana hacia el estuario y las costas de California.
La demanda señala que, desde el gran derrame de aguas negras registrado que provino de México hacia el sur de California en febrero del año 2017, las familias han disminuido las visitas al parque estatal fronterizo y han tenido que incrementar las medidas de seguridad para evitar el contacto con el agua en el área.
Fuente: La Voz de la Frontera