La solución para que los violadores de menores no vuelvan a cometer más crímenes sexuales es la castración química, una iniciativa del diputado Alejandro Gloria González, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de Chihuahua.
El proyecto de ley exime la reformación en el Código Penal del Estado con el objetivo de prevenir la reincidencia en la violación y homicidios a menores de 14 años de edad. Es decir, de aprobarse esta reforma de ley, sólo aplicaría en esa entidad norteña del país.
La castración química es un técnica de inhibición que consiste en un tratamiento con inyecciones periódicas controladas por un médico, que tratan de reducir los impulsos sexuales y así, los niveles de las hormonas sexuales masculinas, principalmente la testosterona. Esto frena los deseos y administra por medio de inyecciones periódicas, siendo aún más eficaz junto a una terapia psicológica.
El pasado 12 de diciembre, el legislador Gloria González durante su turno como orador en el pleno de sesiones en el Congreso de Chihuahua, explicó sus homólogos que la solución a los ataques sexuales contra niños, niñas y adolescentes está en la inhibición química o castración como castigo a los violadores.
El castigo es un procedimiento médico revertible por su naturaleza para suprimir los impulsos sexuales y los comportamientos agresivos, previendo a su vez, otra clase de delitos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, durante el primer semestre del 2017 se registraron 6 mil 444 violaciones, siendo Chihuahua el segundo estado a nivel nacional con mayor número de esos flagelos sólo por detrás del Estado de México.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estimó que del 2010 al 2015 en esa entidad fronteriza ocupa también el segundo lugar a nivel nacional en denuncias por abuso sexual contra menores.
En este sentido, el diputado del PVEM aseguró que la mejor vía es castrar a los criminales de manera química en conjunto de terapias, para evitar este peligro latente en la sociedad. Además, el método no es inhumano ni contradictorio a la legislación.
«Las personas solamente pueden ser sancionadas por la comisión de conductas penales establecidas previamente en la ley; nunca con apoyo en juicios de valor sobre su personalidad. Sin embargo, el término “antecedentes penales”, entendido en sentido amplio —y que aplica para esta clase de valoraciones constitucionales vedadas— debe distinguirse del concepto de “reincidencia”, mismo que el legislador puede utilizar expresamente como criterio para elevar el parámetro de punibilidad».
Detalló que el presunto violador podría tomar voluntariamente el tratamiento junto a terapias psicológicas, pero en los casos extremos donde repiten esta conducta, la castración será obligatoria al suponer que el individuo es un peligro para la sociedad.
«Al parecer hemos olvidado lo que sucede en Chihuahua, porque no deja de aumentar el índice de agresiones sexuales en general, no sólo de violaciones, las cuales son cada vez más atroces, cada vez más hirientes contra nuestra comunidad ¡No podemos seguir siendo omisos!»
Finalmente, Gloria González aseveró que las únicas modificaciones que buscan promulgar son a los artículos 126, 171 y 172 para añadir un tercer párrafo al artículo 172, una adición a la fracción XI al apartado B del artículo al Código Penal de estado de Chihuahua.