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Dan luz verde a Policías para multar a ruidosos

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La alcaldesa Lilia María Flores Boardman encabezó la capacitación de agentes municipales que conforman la Policía Ambiental que está facultada para interponer multas y sanciones a los dueños de viviendas y fuentes móviles que excedan los límites de ruido, así como la aplicación de infracciones por el manejo de residuos peligrosos en las zonas industriales.

Acompañada del director de Ecología, Alejandro Martínez Álvarez, y del titular de la Dirección de Seguridad Pública, Jesús Omar Tavasci Carreón, un grupo de 35 elementos preventivos recibió la explicación del destino que se le da a los escombros, su procedimiento y los montos económicos de las infracciones que se emitan dentro del Proyecto de Reforma del Bando de Policía y Buen Gobierno.

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“Eran necesarias las modificaciones a esta reforma porque no se hacían desde hace 18 años. Ahora los policías vigilarán y sancionarán asuntos de contaminación por ruido, desecho de escombros, tienen la capacitación para realizar una verificación vehicular obligatoria, y vigilarán los parques industriales en materia de manejo de residuos”, dijo la alcaldesa.

Dentro de la capacitación los elementos policiacos recibieron sonómetros con que podrán medir los volúmenes de sonidos en casas, cantinas, así como en negociaciones donde se usen altavoces, que no rebasen los 55 decibeles porque de lo contrario serán sujetos a infracciones, según lo indica la publicación de la gaceta del Gobierno estatal realizada el 12 de junio en que entró en vigor esta normativa.

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Alejandro Martínez dice que el reglamento faculta a la policía para multar porque anteriormente cuando acudían inspectores de Ecología no se contaba con la fuerza pública para aplicar una multa administrativa. “Y luego al acudir la policía cuando no tenía facultades jurídicas para regular este tipo de fallas”.

Las multas por decibeles que rebasan uno o dos de su máximo podrían alcanzar una sanción de hasta 500 pesos y si la persona reincide al rebasar el umbral más alto de ruido permitido, alcanzaría desde los 4 mil hasta los 6 mil pesos.

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Un punto importante es que el ciudadano si se niega a pagar la infracción se turna al juez, quien dictará una orden de embargo por un bien del mismo valor de la amonestación a criterio del actuario.

Fuente: El Zócalo

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