Los dichos y refranes populares, son sabiduría pura. En pocas palabras se clarifican cosas, que otros se niegan a reconocer, aunque sean tan evidentes.
Como aquello de que “…No hay borracho que trague lumbre, o enfermo que coma y beba, ni loco que por mucha hambre, se ahogue con su propia lengua”.
A esto habría que agregar algo acorde a los tiempos que se viven en México : “Ni político que renuncie voluntariamente a vivir del presupuesto público”.
En noviembre del 2015, el martes 10, para ser más preciso, el diputado del Parido Estatal de Baja California, Francisco Barraza Chiquete, hizo una propuesta sumamene interesante.
Hace ya aproximadamente 3 meses de eso y ni él mismo se ha acordado de insistir en el tema.
El legislador propuso que el Ministerio Público del Fuero Común se convierta en una Fiscalía General del Estado, que sería un órgano autónmo, dotado de personalidad y de patrimonio propio.
Propuso reformar diversos artículos de la Constitución política de Baja California, para ello.
Para quienes no lo saben, el Ministerio Público tiene la facultad de perseguir los delitos. Hasta ahí está correcto.
Pero pareciera que se ha malinterpretado, porque persigue los delitos que cometen solamente los delincuentes comúnes y corrientes, no los que cometen los políticos o delincuentes de cuello blanco.
No se trata de una confusión o de una laguna legal. Abierta o descaradamente, el Ministerio Público no actúa en contra de políticos que saquean las arcas públicas.
Lo hacen constantemente. O sea roban o disponen en beneficio propio de recursos públicos.
Cuando los descubren, es por mera causalidad, son demasiados descarados o sumamente tontos. Para el caso, da lo mismo, en cuanto se percatan que hay algún políticos involucrado, le dan “carpetazo” al asunto. Quizás alguien pregunte : ¿por qué ocurre esto?
La respuesta es muy sencilla y burda: porque el Ministerio Público, la institución encargada de persegir los delitos, no es independiente, depende del gobernador.
El Ministerio Público, es parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, que a su vez es parte del Poder Ejecutivo, que encabeza y representa el Gobernador del Estado. Dicho en pocas palabras, existe corrupción en el Estado, porque el gobernador la tolera, la propicia. No la castiga.
Dicho de otra forma, en cuanto el Ministerio Público conoce de hechos delictivos, en los que aparece involucrado un político, o un familiar de algún político, se pone en reserva, hasta que el Procurador reciba instrucciones del gobernador, de que se continue o definiitivamente sea archivado.
Uno de los casos más recientes, fue el de las becas progreso, de la Secretaría de Educación Pública. Varios cheques, destinados al mantenimiento de planteles educativos, no llegaron a sus destinatarios. Quienes los tenían en su resguardo, los endosaron en su favor y procedieron a su cobro.
Cuando descubrieron tales hechos, se armó un escándalo, pero fue sofocado de inmediato, al observar que uno de los involucrados se apellida “de la Rosa Anaya”. Igual que el Secretario de Seguridad Pública, Daniel y del exdiputado federal, Andrés, de los mismos apellidos.
A partir de ahí, en lugar de escarbar al asunto, le echaron tierrita.Lo reservaron, para enfriarlo y finalmente darle carpetazo. Puede decirse, sin equivocación alguna, que fue atendiendo instrucciones del propio gobernador.
Bueno, esto explica, cual es el destino de la propuesta de ley, presentada por el diputado Barraza Chiquete en noviembre pasado. Si los diputados locales, realmente estuvieran preocuados por la corrupción y quisieran combatirla, de inmediato hibieran aprobado la creación de la Fiscalía General.
Pero, como advierte la filosofía popular, “ni estando locos”.
La estructura actual del Ministerio Público, dependiendo del gobernador, es ideal para que los políticos conjuguen plenamente el verbo “tapar” : Yo te tapo, tú me tapas, ellos nos tapan, todos nos tapamos.
¿Fiscalía independiente ? ¡Ni estando locos…!