Es importante observar, que a nivel municipal, no existe la división de poderes y responsabilidades, como en los gobiernos federal y estatal, lo cual genera confusiones y juicios inexactos.
A nivel federal, lo mismo que en el estatal, existen tres poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Los ciudadanos, con toda precisión pueden dirigir sus críticas hacia la institución de gobierno, que incurre en fallas o excesos.
Sin embargo, a nivel municipal, pareciera que se trata de una sola entidad, denominada Ayuntamiento, en el que se mezclan las facultades que en los niveles superiores son identificados con cierta facilidad.
El alcalde, por ejemplo, ostenta y ejerce el poder ejecutivo. Lo que a nivel federal corresponde al Presidente de la República y a nivel estatal el Gobernador. Guardadas las proporciones.
Sin embargo, a diferencia del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo Estatal, las funciones del Alcalde son limitadas. Si bien es cierto, tiene la representación del Ayuntamiento, como órgano de gobierno, lo cierto es que solamente es un elemento más de quienes integran dicha institución gubernamental.
El Ayuntamiento, lo integran los Regidores, el Síndico Procurador, el Síndico Social y el Alcalde y actúan como si fuesen los socios de una sociedad mercantil. Cada uno de ellos, representa un solo voto, cuando en el pleno del Cabildo, se somete un acuerdo, programa o proyecto de reforma de determinada reglamentación municipal.
Y aunque la labor legislativa es el resultado de una acción combinada, o sea los Regidores en comisión, emiten o afinan una propuesta, la aprobación o rechazo, corresponde a todos los integrantes de Cabildo, conforme al voto de cada uno de ellos.
La tercer función, del gobierno municipal, la de procuración de justicia, le corresponde a la Sindicatura Procuradora.
La Sindicatura Procurador, tiene por objeto dar transparencia y seguridad en el desempeño de las acciones y actividades del gobierno municipal hacia los ciudadanos que forman parte de la entidad, indica la legislación municipal.
La Sindicatura Procuradora, es la dependencia facultada para salvaguardar la legalidad, la honradez y eficiencia del servicio público que brindan los empleados del municipio.
Por lo tanto, el que no se indaguen los actos irregulares o ilegales de los funcionarios municipales, ni se castigue a quienes los realizan, es una de las más grandes fallas u omisiones en que incurre la Sindicatura Procuradora.
Por ejemplo, uno de los temas, que mayores controversias y críticas ha generado al gobierno municipal, es el del fallido programa de modernización del alumbrado público, emprendido por el XX Ayuntamiento, encabezado por el priísta Carlos Bustamante Anchondo.
Este tuvo un costo de 144 millones de pesos, para renvar 64 mil luminarias, adquiridas en arrendamiento a 26 meses, que Bustamante Anchondo pagó, casi totalmente, en una sola exhibición. A casi dos años de concluída la gestión administrativa del priísta, la Sindicatura Procuradora, apenas si logró contar las luminarias instaladas, las que fallaron y las que desaparecieron.
Del total de 67 mil luminarias que existen en la ciudad, el 20% están apagadas, 46.6% generan una deficiente iluminación, con alto costo para su mantenimiento. El 30% están en estado regular, pero con sistema obsoleto, que implica altos consumos de energía eléctrica y por lo tanto, costo excesivo. Solamente 2,300 luminarias, o sea 3.4%, son de tecnología LED. El resultado es desastroso.
Pero pasa el tiempo, y el Síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo – parodiando al “chavo del ocho”- “rápido como una tortuga”, en días pasados anunció que había girado citatorios a una veintena de funcionarios municipales, involucrados en el tema de las luminarias, para que rindan declaración, como parte de la indagatoria que se integra, para deslindar responsabilidades.
Imaginen nada más. Si se tardó casi dos años, para “contar las luminarias”, el año que falta, para que concluya la gestión administrativa del XXI Ayuntamiento, no le alcanzará, para emitir la resolución correspondiente.
Para quienes aún tienen la esperanza de que el exalcalde Bustamante y sus colaboradores, sean castigados por las irregularidades en que incurrieron, en el asunto de las luminarias, deben esperar sentados, pues es evidente que la Sindicatura Procuradora, no hará nada en contra de ellos.
Por eso, y porque las fallas del programa de modernización del alumbrado público, mantienen a Tijuana, prácticamente en penumbras, los tijuanenses están molestos y ven con desconfianza, el que el Cabildo haya aprobado un nuevo programa, cuando ni siquiera se han fincado responsabilidades a quienes maniobraron el anterior.
El responsable de todo esto, es el Síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo. El mismo que por segunda ocasión, recibirá el premio “Tlatoani”, dizque por ser el mejor Síndico del país. Que cinismo.