Quizás aún muchos no lo sepan, pero al sistema de justicia de Baja California, ya se le conoce como “Shakira”, en alusión a la canción de la cantante colombiana : “Bruta, ciega, sordomuda”.
Dice la canción, entre otras cosas, lo siguiente : “Bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda, es todo lo que he sido…
Aplicando aquello de que “como muestra, basta un botón”, cabe recordar el escándalo suscitado en el 2015 con cheques de la Beca Progreso.
Becas Progreso es un fondo, manejado en fideicomiso, integrado con recursos del gobierno estatal y el federal, que se distribuye a los planteles educativos, a razón de 450 pesos por alumno, para sustituir las cuotas escolares que se prohibieron a partir de ese año. Para cubrir sus gastos operativos y mantenimiento.
El caso es que la coordinadora, Lucía Margarita Villarreal Camarena, detectó que varios empleados de la Secretaría de Educación Pública y Previsión Social, que maneja este programa, estaban disponiendo de dichos recursos.
El encargado de hacer llegar los cheques a las escuelas, al observar que algunos eran cancelados, por diversas razones, que técnicamente eran cancelados, los endosaba a su favor y procedía a su cobro.
La coordinadora del programa, el 22 de septiembre del 2015, hizo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría de Justicia del Estado, exhibiendo copias de 47 de los 74 cheques detectados, que sumaban aproximadamente 2 millones de pesos. Al final, el número de títulos de crédito ascendió a 120. La denuncia fue registrada bajo expediente 020-2015-41596.
Lo curioso del caso, es que días después de presentada la denuncia, el jueves 15 de octubre, la denunciante fue separada de su cargo. Para ello, se le practicó una auditoria y le sellaron las puertas, sin permitirle sacar sus cosas personales.
Cualquiera podría imaginar que, a 6 meses de distancia, la Procuraduría de Justicia, hoy conocida como “La Shakira”, por lo de “Bruta, ciega, sordomuda”, ya tendría debidamente integrada la indagatoria correspondiente, e incluso los presuntos responsables en prisión, sometidos a proceso.
Pero no corran prisa. En días pasados, el Subprocurador de Justicia, Fernando Ramírez, dió a conocer que aún no han concluido la investigación del caso. Apenas han trascurrido 6 meses, ha de decir.
Dijo que ya recibieron las declaraciones de todos los directores de las escuelas, a las que estaban destinados los cheques, cancelados, pero cobrados.
Reconoció que aún no llaman a declarar a los tres presuntos involucrados, y, tratando de justificar la tardanza, dijo que se trata de cheques y que por ende es un “tema complejo”. Que la denunciante solamente exhibió parte de los cheques y que tuvieron qué solicitar informes a la Comisión Nacional Bancaria.
Cualquiera preguntaría : ¿En realidad es tan ciega, torpe y perezosa, la justicia?
Bueno, habría que advertir, lo que advirtieron aquellos a quienes les extrañó el saber, que en lugar de detener a los presuntos responsables, se suspendió a la denunciante, que el principal de los involucrados es Jesús de la Rosa Anaya, a favor quien fueron endosados para su cobro, los cheques de la Beca Progreso.
Seguramente el nombre les ha de resultar conocido. Efectivamente, es hermano del exdiputado federal, Andrés, de los mismos apellidos. Otro de sus hermanos, Daniel, es el Secretario de Seguridad Pública Estatal. Otro más, David, es Subdirector del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Lo interesante es que no obstante la gravedad del caso, el tal Jesús, y los otros dos presuntos involucrados, Alexander García Luna y Ernesto Rivera Padilla, continuaron “laborando” normalmente en la dependencia, en tanto que la denunciante fue suspendida temporalmente y reinstalada días después.
El asunto, supuestamente, también fue investigado por la Contraloría Estatal, a cargo de Bladimiro Hernández, quien más que preocupado por las mañosadas que se hacían con los cheques de la Beca Progreso, trató de justificar la suspensión de la coordinadora del programa.
Otro dato interesante, es que este programa corresponde a la Secretaría de Educación Pública y Bienestar Social, a cargo del Lic. Mario Herrera Zárate, exdirector de la Escuela de Derecho de la UABC, a quien evidentemente le molestó que no se le informara previamente.
Incluso, Mario se lava las manos, cuando lo cuestionan sobre el tema. Dice que la funcionaria hizo la denuncia a título personal y que la investigación está a cargo de la Contraloría y de la Procuraduría de Justicia. Podría llamarse, las hijas mellizas de “La Shakira”. Ambas ciegas, torpes y perezosas.
Esto demuestra que es pura retórica, solamente discurso político, cuando los panistas hablan de transparencia y de combate a la corrupción.
Concluyendo : los tiempos cambian, pero doña Justicia, llámesele como se le llame, tiene un enorme almacén, en donde guarda los asuntos calientes, durante todo el tiempo que sea necesario, hasta que se enfríen, o hasta que prescriba la acción penal aplicable, para luego darle el “carpetazo” final. Cuando ya nadie los recuerde.