El cambio en el esquema de impartición de justicia y nulo combate al mercado negro de armas de fuego son dos de los factores señalados por el abogado penalista Álvaro González como detonantes de la situación de violencia que vive la ciudad de Tijuana, toda vez que en la mayoría de los casos están involucradas.
“Se ha incentivado el comercio de las mismas, ya que las penalidades no inhiben a las personas que quieran portarlas porque saben que no serán castigados como anteriormente”, apuntó el abogado. “Hoy gozan de libertad mientras su situación jurídica se resuelve”.
De acuerdo a registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas de fabricación norteamericana estuvieron relacionadas con actividades delictivas en México. De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.
“La impunidad reside en quienes están recibiendo dinero de comercializarlas, si bien se han hecho arrestos por portación no se han realizado detenciones importantes de aquellos que las venden”, añadió Álvaro González.
Para el litigante experto en políticas de seguridad pública, el problema “es agravado por la divulgación por parte de las autoridades de que tener un arma no merece prisión, incentivando a adquirirlas para defensa personal, o peor aún, a los delincuentes para cometer ilícitos a sabiendas de que no van a tener una penalidad mayor y van a gozar de libertad”, ahondó.
Bajo los criterios del nuevo sistema de justicia, la portación de armas de fuego ya no es catalogado como un delito grave, y aunque la condena no ha cambiado- hasta un máximo 4 años de prisión-, quienes son descubiertos portándolas pueden llevar su proceso en libertad.
Aunado a esto, apuntó el litigante, la comunicación entre las autoridades de los tres ámbitos es precaria y no existe verdadera cooperación interinstitucional.
Ante tal escenario, Álvaro González propone “reforzar las áreas de investigación para detectar aquellos que importan y distribuyen las armas provenientes de Estados Unidos, tema que le compete a la Procuraduría General de la República, pues compete primariamente al gobierno federal, pues es un delito de su ámbito”, concluyó.