Hace unos días en Mexicali algunos manifestantes tomaron el Congreso del Estado y desde entonces no han permitido que los diputados sesionen ahí; alrededor de las 19:30 horas de este domingo, otro grupo cerró las oficinas del Poder Ejecutivo, asiento del gobernador en la capital del Estado, aunque la entrada por el estacionamiento de funcionarios estaba libre, pero también había custodia en los inmuebles del gobierno Federal y del municipio.
Alrededor de las 7:30 de la tarde noche de este domingo, empezó el rumor de que algunos manifestantes harían lo propio en las instalaciones del Poder Judicial, en el que despachan los magistrados, y si esto llegase a suceder, nos estaríamos encaminando rápidamente a un Estado fallido, porque ya es un Estado en crisis.
Los mexicalenses que tienen tomadas las instalaciones del Congreso desde hace ya algunos días y que mantienen control parcial de los otros edificios públicos, han advertido que continuarán con esto durante este lunes, en tanto que en algunas ciudades de la entidad las oficinas de recaudación de Rentas están también tomadas, mientras que -un día sí y otro no- grupo de tijuanenses están liberando las garitas y tomando las instalaciones aduaneras, con los consiguientes perjuicios para el gobierno mexicano, y de rebote, problemas para el de los Estados Unidos.
Es en este escenario donde se verá la mano izquierda del Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez y el poder de convencimiento que pueda tener el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, porque si no logran hacer desistir a los manifestantes, y se cierran definitivamente los edificios de los tres Poderes, el Ejecutivo tendrá que ordenar el desalojo con la fuerza pública -con todo el desprestigio que esto le habrá de provocar- de esos inmuebles, ya que la entidad no puede quedar sin el funcionamiento de los mismos.
Está bien que muchos piensan -y que en ocasiones estemos de acuerdo- en que nada se perdería si no contáramos con éstos, sin embargo constitucionalmente deben estar vigentes, porque entonces ya podríamos entender que nos dirigiríamos a un total desgobierno.
El gobernador y sus colaboradores tienen oficinas en los otros municipios de la entidad, y por lo tanto podrían suplir la falta de sus espacios en Mexicali, pero el legislativo y el judicial no contarían con sus instalaciones, y por lo tanto no estarían funcionando, y tampoco pueden convertirse en itinerantes, ya que para declarar otros sitios como recintos oficiales -por lo menos los diputados- deben tener una sesión los legisladores ¡dentro del Congreso!
Con información de Canal 44